LA 117ª ASAMBLEA DE LA UNIÓN INTERPARLAMENTARIA MUNDIAL REUNIDA EN GINEBRA EL 8 DE OCTUBRE DEL 2007 CUYOS MIEMBROS SON 146 PARLAMENTOS DEL MUNDO POR UNANIMIDAD SE PRONUNCIÓ POR LA INCONSTITUCIONALIDAD DE LA DESTITUCIÓN DE LOS 57 DIPUTADOS DE OPOSICIÓN POR PARTE DEL TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL.

La 117ª Asamblea de la Unión Interparlamentaria celebrada en Ginebra a principios de Octubre del año pasado aprobó por unanimidad las conclusiones y recomendaciones del informe de la misión que por recomendación del comité de Derechos Humanos de los parlamentarios visitó el Ecuador del 18 al 20 de junio acogiendo la denuncia de los 57 diputados presentada en el comité.

La misión estuvo presidida por la senadora Rosario Green de México, quién recabo la información reuniéndose con todas las autoridades del país. Previamente una delegación de los tres partidos políticos: Gloria Gallardo del Prian, Fernando Aguirre de Sociedad Patriótica y Alfredo Serrano del Social Cristiano, estuvieron el comité de Derechos Humanos en Ginebra entregando toda la documentación del caso.

Las conclusiones del informe aprobado por unanimidad por la Asamblea manifiesta su preocupación por los hechos acontecidos y señala lo siguiente:

N. CONCLUSIONES DE LA DELEGACIÓN

1. La delegación es consciente de que la última década en el Ecuador ha estado marcada por
una serie de enfrentamientos políticos e institucionales que tuvieron repercusiones negativas y sustanciales en el funcionamiento de las instituciones estatales ecuatorianos y que, en consecuencia, han dejado a grandes partes de la población desilusionada y con el anhelo de cambiar y fortalecer el marco constitucional. La delegación observa, asimismo, que como lo han afirmado varias de las autoridades con las que se entrevistó, durante esta década el Congreso Nacional tomó una serie de decisiones de gran trascendencia cuya conformidad con la Constitución era dudosa dejándole, en consecuencia, desacreditado ante los ojos de una parte sustancial de la población.

2. Al respecto, la delegación felicita a las autoridades actuales por su deseo de fortalecer el marco democrático y constitucional del Ecuador y confía en que la Asamblea Constituyente pueda funcionar de manera eficaz y participativa, para que, en última instancia, sea posible fortalecer el marco institucional. Al mismo tiempo, y a pesar de las críticas que pueden existir frente al Congreso, la delegación desea subrayar que en este caso la misma institucionalidad y constitucionalidad que se quiere proteger por una reforma de la Constitución es el punto de preocupación. En ese sentido, la delegación desea señalar lo siguiente:

La cuestión de la inmunidad parlamentaria y de la pérdida del mandato parlamentario: la UIP ha subrayado siempre que la inmunidad parlamentaria respecto de las opiniones y los votos emitidos en el Parlamento es piedra angular de la democracia representativa y está firmemente protegida en los parlamentos de todo el mundo, amparando así a los parlamentarios contra cualquier acción judicial o de otra índole por los votos u opiniones emitidos durante el ejercicio de sus mandatos parlamentarios. Para la delegación no cabe duda que los 57 diputados fueron destituidos por las decisiones, aún cuando fueran dudosas desde el punto de vista constitucional, que tomaron en el ejercicio de su mandato. La delegación cree que el hecho de que en ese momento el Ecuador se encontrara en período electoral no eximía a la autoridad electoral de su obligación de respetar esas garantías. Por ello, la delegación llegó a la conclusión de que no se respetó la inmunidad parlamentaria de los diputados destituidos, incluido su derecho al fuero de Corte Suprema de Justicia.

En lo que se refiere a la destitución de los diputados, la delegación nota que las normas jurídicas, en particular la Constitución, claramente estipula las situaciones, razones y los procesos que pueden llevar a la pérdida del mandato parlamentario en el Ecuador. Además, la Constitución consagra una amplia protección del derecho a un debido proceso. Para la delegación queda claro que no existe norma que dé competencia al TSE para destituir a los diputados nacionales por infracciones electorales, tampoco en períodos electorales. Asimismo, queda claro que los 57 diputados no tuvieron la oportunidad de defenderse.

Cuestión de hostigamiento y agresión: Aunque la delegación es consciente de que las autoridades no pueden prevenir todo desborde de manifestaciones, considera que pueden y deben adoptar garantías apropiadas para proteger a los diputados destituidos y que, en el caso de agresiones, debe hacerse todo lo posible para enjuiciar y castigar a los culpables. A este respecto, la delegación no está convencida de que las autoridades hayan suministrado siempre esas garantías apropiadas. Es más, la delegación está preocupada por el hecho de que en la gran mayoría de los casos, a pesar de la existencia de imágenes de televisión y de vídeo que claramente muestran a los autores de las agresiones, estas personas no han sido aprehendidas y condenadas. Al respecto, la delegación quiere subrayar que las acciones de las autoridades no deberían depender de la existencia de una queja de las víctimas. Frente a esta situación, la delegación insta a las autoridades a que cumplan con su deber de hacer todo para asegurar justicia en este caso y para proteger de manera eficaz a los diputados destituidos. La delegación quiere subrayar su especial preocupación por la violencia y la invasión del Tribunal Constitucional el 23 de abril de 2007 y la supuesta falta de acción por la Policía que, según una alegación fue ordenada por las autoridades y, por ello, insta a las mismas a esclarecer
las circunstancias de esa situación y a responsabilizar a los culpables.

Las acusaciones penales y la solicitud de detención preventiva contra 24 de los diputados: Aunque actualmente los 24 diputados destituidos no son el objeto de un proceso penal, la delegación tiene entendido que, en principio, el trámite para el mismo puede ser iniciado en cualquier momento por las vías jurídicas apropiadas. La delegación expresa su preocupación por la base jurídica de las acusaciones contra los diputados destituidos, que está directamente vinculada a su trabajo parlamentario, y que hace persistir la incertidumbre actual como una espada de Damocles. Por ello, la delegación espera que el caso sea rápidamente desestimado, y de forma definitiva.

La resolución del TC del 23 de abril de 2007 y el cese de sus vocales: La delegación observa que existe una resolución del TC con una base jurídica extensiva y sólida para declarar que la destitución de los 57 diputados fue ilegal. La delegación expresa su gran preocupación por el hecho de que, el 24 de abril de 2007, el Congreso decidió cesar a los vocales del TC argumentando que su mandato había expirado en enero de ese mismo año. La delegación teme que las consideraciones detrás de esta decisión eran más bien políticas que jurídicas. Al respecto, la delegación se refiere al momento del cese, que no se produjo en enero de 2007 cuando el mandato de los vocales hubiera expirado, sino un día después de la adopción por el TC de su dictamen trascendental, así como al hecho de que los 52 diputados que aprobaron la resolución cesando a los vocales del TC incluyeron a los que antes fueron suplentes y, al tomar esta decisión, eran tanto juez como parte por su interés en evitar el regreso de sus predecesores.

Desde que se realizó la misión, la delegación ha tenido noticias, con sorpresa y preocupación, de la resolución de los nuevos vocales del TC de 25 de julio de 2007 de anulación y archivo de la resolución de su predecesor por la que se restituía a los 57 diputados. La delegación considera que, al archivar el expediente sin pronunciarse sobre la sustancia del caso y responder a los argumentos sólidos que fueron planteados por los diputados destituidos y aceptados por el antiguo TC, se les ha negado la oportunidad de obtener justicia.

Inestabilidad de las instituciones, en particular del sistema judicial: La delegación considera que varios de los acontecimientos en este caso están vinculados a la fragilidad del sistema judicial y las tendencias a instrumentalizar la justicia por motivos políticos. La delegación alienta a las autoridades a que apliquen las recomendaciones del Relator Especial de las Naciones Unidas a fin de despolitizar el sistema judicial y asegurar una administración de la justicia basada en los principios de independencia y competencia. A este respecto, la delegación destaca el importante papel que el Congreso Nacional, junto con la Asamblea Constituyente, debería desempeñar para alcanzar este objetivo y acoge con satisfacción la propuesta del Presidente del Congreso de que la UIP, que ya realiza actividades de asistencia técnica al Congreso, colabore en el proceso de reforma constitucional.

EL COMITÉ PROSEGUIRÁ CON EL EXAMEN DEL CASO EN LA PRÓXIMA SESIÓN QUE SE CELEBRARÁ A MEDIADOS DEL 2008 EN GINEBRA.

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