La supuesta deuda tributaria, derivada de una forjada glosa hecha a martillazos, así como el procedimiento administrativo de ejecución forzosa de la misma, ilegalmente iniciado, se encuentra SUPENDIDO en sus efectos por una decisión judicial aún en plena vigencia jurídica.
La Primera Sala de lo Civil de la Corte Provincial del Guayas, en efecto, no obstante la recusación por falta de independencia con respecto al ejecutivo y consecuente carencia de imparcialidad, resolvió inadmitir el requerimiento de medida cautelar que ya había sido admitido en primera y segunda instancias y decidir la revocatoria de lo que dice haber inadmitido. Parecería una providencia para caricaturizar en tiras cómicas, si no fuera por la gravedad del asunto que se trata. La alianza ejecutivo-judicial, en esta ocasión, se ha burlado de la Justicia y de Derecho sin pudor ni recato.
No obstante lo acaecido, este auto judicial no se encuentra ejecutoriado y la empresa cuenta con los días hábiles para interponer los recursos que confiere la Ley especial y las normas supletorias aplicables, dejando en claro lo que todos conocemos: ¡UNA DECISIÓN JUDICIAL NO EJECUTORIADA ES INEJECUTABLE!
Este es un incidente más en la defensa de los derechos de la empresa que vamos a enfrentar, siempre apegados a la Ley y contra el poder político que esclaviza nuestro Ecuador y que, en la actualidad electoral, arremete contra Álvaro Noboa Pontón, candidato a la Presidencia de la República.
Lo que se ejecute contra Derecho será inválido y constituirá una vía de hecho que ocasionará a sus autores, intelectuales y materiales, las sanciones civiles, penales y administrativas que se impondrán por las cortes locales e internacionales a las que se serán sometidos en condición de reos.
Guayaquil, 25 de septiembre de 2012.